Un rescate que no deja de crecer

El costo fiscal acumulado de los rescates otorgados a Petroperú superaría los S/ 32 100 millones si se concreta el nuevo salvataje financiero solicitado por la empresa al Estado, estimado en US$ 2000 millones. La proyección, difundida por el Instituto Peruano de Economía (IPE), vuelve a colocar bajo presión el impacto que la petrolera estatal arrastra sobre las finanzas públicas.

La cifra incluye los rescates, garantías, capitalizaciones y respaldos estatales entregados desde 2013 para evitar el colapso operativo y financiero de la empresa. De concretarse el nuevo apoyo, Petroperú consolidaría más de una década de dependencia recurrente de recursos públicos para sostener su funcionamiento.

El nuevo pedido llega en un contexto especialmente delicado: la empresa enfrenta problemas de liquidez, dificultades para importar combustibles y un deterioro sostenido en su capacidad operativa, mientras vuelve a solicitar respaldo sin haber completado su reorganización patrimonial ni una reestructuración efectiva.

Más recursos públicos, menos participación en el mercado

Pese al volumen de recursos comprometidos por el Estado, Petroperú no ha logrado recuperar fortaleza en el mercado. Según cifras citadas por el IPE, la petrolera pasó de abastecer el 49% del mercado de combustibles en 2014 a apenas 25% en 2025, una caída que refleja su pérdida de competitividad incluso después de múltiples rescates.

Mientras el sector privado logró recuperar y estabilizar su capacidad de abastecimiento tras la pandemia, Petroperú mantuvo un ritmo menor de importaciones y una operación más limitada. Solo en 2024, sus importaciones promediaron 57 mil barriles diarios, un volumen 30% menor al registrado en 2019, lo que evidencia una menor capacidad de respuesta incluso en un mercado de alta demanda.

El deterioro también debilita uno de los argumentos históricos en defensa de la estatal: su supuesto rol para contener precios. Para el IPE, si la empresa depende de capitalizaciones del Tesoro y garantías soberanas para sostener su operación, entonces sus precios no responden solo a eficiencia comercial, sino también a subsidios implícitos que distorsionan la competencia.

El costo ya no solo es empresarial, sino fiscal

El nuevo rescate no solo reabre dudas sobre la viabilidad de Petroperú. También profundiza la presión sobre el frente fiscal en un momento en que el Estado ya enfrenta menor margen presupuestal, mayor déficit y creciente tensión sobre el gasto público.

El Banco Central ya había reportado que, en los últimos ocho meses, el Tesoro desembolsó S/ 3 100 millones adicionales para cubrir obligaciones financieras de la empresa. Esa cifra se sumó a un historial de apoyos que, según el Ministerio de Economía, ya superaban los S/ 27 000 millones antes del nuevo pedido.

Organismos como la OCDE y analistas del mercado ya advirtieron que los rescates recurrentes a Petroperú elevan el riesgo fiscal del país, reducen espacio para gasto prioritario y aumentan los pasivos contingentes del Estado en un contexto de menor holgura fiscal.

Petroperú vuelve a poner a prueba al Estado

Más allá del monto, el problema ya no se limita a una empresa con dificultades. Petroperú se ha convertido en una presión estructural sobre las cuentas públicas y en un caso emblemático del costo de sostener una operación estatal sin una reforma de fondo.

El nuevo salvataje no solo vuelve a exigir dinero. También vuelve a plantear la misma pregunta que el Estado sigue postergando: cuánto más puede costar evitar una decisión de fondo.