La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que plantea modificar la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. La propuesta recibió 15 votos a favor y busca implementar un nuevo modelo de supervisión estatal enfocado en la prevención de irregularidades dentro de la administración pública.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara, explicó que la iniciativa redefine el control gubernamental como un proceso integral y permanente que se aplicará de manera previa, simultánea y posterior. Según indicó, este cambio permitirá que la Contraloría no solo actúe al final de una obra o proyecto, sino también durante su ejecución e incluso antes de decisiones consideradas críticas.

De acuerdo con el dictamen, la reforma pretende fortalecer el rol fiscalizador del Estado bajo criterios de objetividad, razonabilidad y seguridad jurídica. Además, plantea un sistema de control orientado no únicamente a la sanción, sino también a la prevención de riesgos y a la mejora continua de la gestión pública en distintas entidades del Estado.

La exposición de motivos señala que uno de los principales beneficios de esta modificación será la reducción de pérdidas económicas ocasionadas por actos de corrupción, deficiencias administrativas o uso indebido de recursos públicos. Asimismo, se espera que los nuevos mecanismos de control permitan detectar riesgos en etapas tempranas y mejorar la eficiencia en inversiones, contrataciones y proyectos de interés nacional.