Mario tiene 22 años. Trabaja en una mina de socavón en el límite entre Arequipa y Ayacucho. Lleva tres años allí. Sus padres, campesinos de Ayacucho, no pueden pagarle estudios en un instituto o una universidad.

Hace medio año, mientras sacaba mineral, una piedra grande le cayó cerca y casi le fractura el omóplato. Se salvó por reflejo. Si no, la roca le habría golpeado la cabeza. Habría muerto, como otro joven, casi de su edad, en un socavón de Choccoyo, en Cusco. 

El dueño de la mina solo le dijo que vaya a su pueblo y regrese cuando estuviera sano. No le dio dinero para su traslado, menos para su tratamiento médico.

Este tipo de accidentes ocurre con frecuencia en minas ilegales. El 15 de marzo, dos mineros murieron aplastados por el derrumbe de una roca de seis metros dentro de un socavón ilegal en Huánuco. El director regional de Energía y Minas, Roger Castro, informó que la labor no contaba con permisos ni instrumentos ambientales.

Un socavón ilegal casi siempre carece de soporte para evitar accidentes. Allí se usan explosivos, la ventilación es deficiente y ninguna autoridad supervisa las condiciones laborales. Muchos trabajan en semioscuridad, entre 12 y 17 horas diarias, cinco o siete días a la semana, en ambientes húmedos y fríos o secos y calientes.

No solo la seguridad es precaria. El trabajador minero no tiene contrato laboral, ni seguro social, ni compensación por tiempo de servicios (CTS), ni vacaciones.

Este panorama se repite en gran parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos años se ha registrado actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones. Opera en yacimientos aluviales, como en Madre de Dios, parte de Puno y Loreto, y también en vetas en zonas andinas y costeras.

El estudio “Caracterización de las condiciones de trabajo forzoso en la minería de oro en Madre de Dios”, de Teodoro Sanz para el Ministerio de Trabajo, describe la diversidad de labores en Madre de Dios: macheteros, carreteros, buzos, maraqueros, traqueros, carancheros, operadores de camiones y cocineros.

Allí las condiciones son duras. La jornada laboral promedia 67 horas semanales, es decir, unas 12,5 horas al día. El 31 % trabaja los siete días de la semana. El 12 % llega a laborar jornadas de 24 horas. Y el 8 % supera las 84 horas semanales.

El 83 % de los trabajadores afirma que está expuesto a riesgos: quemaduras por el sol, picaduras de animales, exposición al mercurio y otros químicos, cortes y, en menor medida, explosiones o derrumbes. El 62 % dice que no recibe equipos de protección personal, como botas, cascos, guantes o mascarillas. El 57 % asegura que enfermó o sufrió un accidente y no recibió atención médica.

Las condiciones básicas también son deficientes. Los servicios higiénicos suelen ser pozos ciegos, ríos, acequias o el monte. La electricidad funciona por horas con generadores. El agua que consumen proviene, en su mayoría, de ríos, acequias o manantiales sin tratamiento.

Distintos estudios coinciden en que la minería informal e ilegal opera con condiciones laborales precarias. No respeta derechos, impone jornadas excesivas y expone a los trabajadores a un alto riesgo de muerte y contaminación.